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dc.contributor.authorGonzález Heredia, Jesús 
dc.date.accessioned2018-05-21T06:22:23Z
dc.date.available2018-05-21T06:22:23Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractLa Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) señala que las organizaciones que integran el Tercer Sector –Sector no lucrativo-, a diferencia de las que actúan en el sector primario y secundario, son aquellas que desempeñan roles relacionados con la defensa y promoción activa de los derechos, la apertura de nuevos campos de actuación social, la redistribución de recursos y la producción de bienes y servicios. En este sentido, frente a comportamientos altruistas de las entidades de este sector, se viene identificando un cambio cualitativo hacia un modelo de acción económica, que implica la evaluación de los objetivos perseguidos en términos de eficiencia. En el contexto descrito, las entidades relacionadas con la Economía Social tratan de dar respuesta a los fracasos del Estado -government failure- (Weisbrod, 1988), a los fallos del mercado –market failure- (Hansmann, 1989), o alternativamente se incardina bajo un enfoque altruista para la solución de los problemas de la sociedad contemporánea - altrustic approach- (Oleck, 1998). Así, en contextos donde el Sector Público no puede asegurar una provisión eficiente de outputs por limitaciones burocráticas o presupuestarias, y el mercado no está dispuesto a promover bienes dirigidos a colectivos desfavorecidos, el sector de la Economía Social puede satisfacer estas demandas generando una oferta económica ágil, flexible, eficiente y adaptada a las circunstancias creativas e innovadoras, a la vez que favorece la cultura democrática, la igualdad social, los valores de la solidaridad, el pluralismo, la cohesión social y el voluntariado (González y Guzmán, 2007). El importante desarrollo que en las últimas décadas viene presentando el Tercer Sector ha propiciado un importante auge de las líneas de investigación relacionadas con el mismo, con especial referencias a estudios cuyo objetivo está dirigido al análisis y discusión de la adecuada aplicación de los recursos utilizados por este tipo de entidades para conseguir sus fines sociales. Sin embargo, si bien la mayoría de las organizaciones que actúan dentro del sector no lucrativo muestran fines de marcado carácter social con renuncia expresa al reparto de los potenciales beneficios derivados de su actividad, no es menos cierto que ocasionalmente es posible encontrar determinadas formulas de gestión que, con una finalidad de marcada tendencia social, utilizan formulas legislativas donde paradójicamente se arbitra la posible existencia de ánimo de lucro, lo que hace aún más complejo el estudio de este tipo de organizaciones. Por otra parte, desde el punto de vista normativo, la entidades del Tercer Sector están siendo objeto de una especial atención por parte del legislador español, tal como se constata por la publicación de recientes leyes de carácter nacional que les afectan de forma directa1, que también han tenido eco en la legislación autonómica, siendo prueba de ello que numerosas Comunidades Autónomas han promulgado a su vez diversas normativas para regular de forma específica algunas de las figuras relacionadas con las entidades no lucrativas, como ocurre en el caso de las fundaciones, entes que cuentan con ley propia en las Comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Ante este complejo entramado, el presente estudio tiene como objetivo prioritario implementar las bondades de incorporar herramientas de optimización matemática para tratar de medir el grado de avance de las distintas políticas sociales. En concreto, hemos centrado nuestro trabajo en averiguar el grado de adecuación de la aplicación de recursos económicos en la inserción de personas discapacitadas en el mercado laboral, para lo cual se ha llevado a cabo un estudio sobre la gestión y características de los denominados Centros Especiales de Empleo (en adelante CEE), que se encuentran regulados jurídicamente con la finalidad de potenciar la incorporación al mercado laboral ordinario del colectivo de discapacitados. Debido a que los CEE necesitan para su supervivencia económica ayudas públicas que compensen el coste de incorporar objetivos sociales públicos dentro de su actividad económica basada, por otra parte, en determinadas fórmulas empresariales cuyo propósito fundamental es la obtención de lucro, parece imprescindible dotar a los Poderes Públicos de herramientas para alcanzar un conocimiento preciso del nivel de eficiencia en el uso de los recursos públicos (subvenciones) al objeto de conseguir una mejor distribución de las ayudas sociales, siempre escasas para atender las necesidades de los ciudadanos. Además, los CEE han experimentado en los últimos años un crecimiento sustancial, tanto en número de centros como en recursos humanos y económicos, demandando un interés creciente por la profesionalización de su gestión, lo que conlleva la aplicación de comportamientos y técnicas similares a las aplicadas por las empresas privadas. Esta situación viene desembocando en la generalización de una conducta por parte de este tipo de entidades que puede llegar a tener resultado contrario al previsto por la normativa social de la que derivan dichas instituciones, lo que se traduciría en un grave perjuicio para la defensa de valores solidarios y de generación de tejido social, pues obviamente, la adecuada gestión económica y profesional de los CEE no debe incidir en menoscabar su misión, pues antes, al contrario, debería de fortalecerla aumentando su transparencia y favoreciendo un mejor uso de los recursos disponibles, incrementando de este modo su eficiencia. De la literatura especializada se desprende que existe un escaso conocimiento de los niveles de eficiencia alcanzados por los CEE, de lo que puede deducirse que esta cuestión no es un tema prioritario dentro del sector, lo que, además, reduce considerablemente las posibilidades de que dichos entes aprendan de sus propias experiencias y de las ajenas, para contribuir en un futuro inmediato al logro de sus objetivos inicialmente establecidos, relacionados con la creación de valor social por la vía específica de la inserción laboral de personas con discapacidad. En este sentido, la medición de la eficiencia se vislumbra como una tarea complicada por la dificultad que entraña el establecimiento de medidas bajo modelos que sean capaces de recoger la realidad de las entidades objeto de estudio, así como por el cuestionamiento que por parte de las Administraciones Públicas se plantearía en cuanto a la concesión de fondos para dichas entidades en función del logro de sus objetivos sociales. Sin embargo, es evidente la necesidad del establecimiento de tales medidas de rendimiento, de tal suerte que puedan ser empleadas como una herramienta clave para conocer la competencia entre los diferentes CCE, pudiendo de esta manera contar los suministradores de fondos públicos (Estado, Comunidades Autónomas, Entes Locales, etc…) con un punto de referencia objetivo que les permita establecer comparaciones a la hora de decidir el destino y cuantía de los mismos, lo que sin duda redundaría en una mayor motivación para los CEE en el cumplimiento de sus objetivos sociales para los que fueron creados, garantizándose, de alguna manera, una mejor asignación de recursos tanto públicos como privados, pues no hay que olvidar que también la inversión privada interviene en la constitución de este tipo de entes bajo diferentes formas jurídicas, paradójicamente inmersas en muchos casos bajo la cobertura jurídica de entes lucrativos, aunque en todo caso con un horizonte de acción social, premisa fundamental sobre la que basamos el estudio presentado. 1 Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones; Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en las Actividades de Interés General; Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.titleAnálisis de eficiencia y productividad en entidades del tercer sector : los centros especiales de empleoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.subject.otherEconomía Financiera y Contabilidad
dc.contributor.advisorGuzmán Raja, Isidro 
dc.subjectEconomíaes_ES
dc.subjectEconomicses_ES
dc.subjectProductividades_ES
dc.subjectProductivityes_ES
dc.subjectEmpleoes_ES
dc.subjectEmploymentes_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10317/6958
dc.description.centroFacultad de Ciencias de la Empresa
dc.contributor.departmentEconomía Financiera y Contabilidad
dc.description.universityUniversidad Politécnica de Cartagena
dc.subject.unesco5304 Actividad Económicaes_ES


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