Mujer y desarrollo rural. Influencia de las políticas comunitarias destinadas al fomento de la igualdad de oportunidades

Abstract

La preocupación por las consecuencias negativas que multitud de actividades humanas ejercían de forma sistemática sobre el medio ambiente, comenzó a tomar fuerza a partir de los años 60, plasmándose este aumento de concienciación en eventos internacionales tales como la conferencia celebrada por las Naciones Unidas en Estocolmo en junio de 1972, donde se puso de manifiesto la necesidad de poner en marcha iniciativas de protección ambiental encaminadas a conseguir un desarrollo social “perdurable”, es decir, un desarrollo capaz de satisfacer las necesidades humanas del presente, pero sin arriesgar las posibilidades de las generaciones futuras. Este primer evento, aunque no tuvo consecuencias muy eficientes, supuso el motor de arranque para que posteriormente, en 1983, la comunidad internacional apoyase la propuesta de la ONU de crear una Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llegando ésta a la conclusión de que para satisfacer "las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones" la protección del medio ambiente y el crecimiento económico habrían de abordarse como una sola cuestión. Ya en los años noventa, la Asamblea General de las Naciones Unidas, convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Esta conferencia, conocida como “Cumbre para la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, supuso un aspecto clave para el comienzo de las negociaciones a nivel internacional sobre las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y desarrollo. Los objetivos fundamentales de la Cumbre eran lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, sentar las bases para una asociación mundial entre países desarrollados y en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, para la actuación sobre las necesidades y los intereses comunes. 2 Fueron aprobados, por un total de 172 gobiernos incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno, tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura. Uno de ellos fue conocido como el Programa 21, consistente en un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. En él, donde se llegaron a recopilar más de 2500 recomendaciones prácticas para abordar los problemas urgentes actuales, también se ofrecieron diversas maneras de fortalecer el papel de lo que se ha venido a llamar como “grupos principales” entre los que se destaca de forma explícita, entre otros, a las mujeres. Asimismo, en la Declaración de Río, donde se definieron los derechos y obligaciones de los Estados respecto a los principios básicos sobre el medio ambiente y el desarrollo, se formuló como idea clave, entre otras, el convencimiento de que la plena participación de la mujer era considerada imprescindible para el logro de un desarrollo sustentable. Centrándonos en el caso de la situación de la mujer en el entorno rural, cabe destacar la fuerte masculinización que históricamente y en un ámbito geográfico global ha caracterizado a este espacio, produciendo esta circunstancia que a menudo la situación de la mujer quedase relegada a un papel secundario, siendo considerada en numerosas ocasiones como mera colaboradora de las tareas desempeñadas por el hombre. Esta situación ha provocado que frecuentemente el papel de la mujer careciese de reconocimiento tanto social como económico, frenando de esta forma su potencial productivo personal, así como de forma general, un mayor desarrollo del conjunto del medio al que pertenece. De esta realidad y con el objetivo de acabar con esta situación de desigualdad, durante las últimas reformas de la Política Agraria Comunitaria (PAC)- donde el desarrollo rural constituye su segundo pilar de actuación- aparece un conjunto de políticas de igualdad de oportunidades, siendo éstas consideradas como un objetivo imprescindible para un avance eficiente del medio rural. Es por ello que la perspectiva de género actualmente constituye un elemento esencial presente en cualquier política y estrategia formulada, con la finalidad de garantizar a las mujeres la igualdad de oportunidades tanto a nivel laboral, como político o cultural. Por otra parte, cabe destacar que debido al carácter reciente del interés por mejorar las circunstancias y condiciones de las mujeres rurales (principios de los años ochenta), la información actual sobre este colectivo es todavía escasa, limitándose casi exclusivamente a análisis localizados. Es por ello que se hace necesario impulsar trabajos que analicen de forma pormenorizada, la situación de la mujer y que éstos sirvan de base de decisión para las futuras políticas de actuación.